La Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) cuestionó las medidas que el Gobierno evalúa para apoyar a las empresas afectadas por el fenómeno de El Niño, en particular la suspensión perfecta de labores y los mecanismos de asistencia económica y legal. En un pronunciamiento publicado el 21 de octubre, la organización advirtió que estas respuestas podrían trasladar el costo de la emergencia a los trabajadores si se aplican sin garantías de remuneración ni protección para sus familias.
La CATP reconoció la necesidad de adoptar medidas extraordinarias para sostener las actividades productivas, pero rechazó que impliquen pérdida de ingresos para quienes trabajan. “La suspensión perfecta de labores no puede convertirse en una respuesta generalizada que agrave la vulnerabilidad económica de los trabajadores”, señala el comunicado. La central también pidió que cualquier apoyo estatal a las empresas incluya criterios de transparencia, fiscalización y compromisos verificables de preservación del empleo.
Emergencia climática en Perú: empleo, salarios y diálogo social
Entre sus principales demandas, la CATP reclamó la convocatoria urgente del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, con participación de los ministerios involucrados y de las organizaciones de trabajadores y empleadores. El objetivo, según el pronunciamiento, es evaluar las propuestas antes de su aprobación y construir acuerdos que contemplen tanto la continuidad productiva como los derechos laborales.
La organización también pidió que se respete la protección legal de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) y de los fondos previsionales, y sostuvo que la asistencia pública debe beneficiar tanto a la actividad económica como a las familias trabajadoras. Sin embargo, el comunicado no precisa qué medidas concretas analiza el Gobierno, cuántas empresas podrían acogerse a ellas ni cuántos empleos estarían en riesgo, por lo que el alcance de sus posibles efectos todavía no puede establecerse a partir de esta información.
“La emergencia climática no justifica el recorte de derechos laborales”, concluye la CATP, que anunció que seguirá vigilando las propuestas normativas que puedan afectar los ingresos y las garantías de los trabajadores.
