Más de 28.241 personas se sumaron a la protesta virtual encabezada por la organización no gubernamental con sede en Suiza Public Eye, para denunciar presuntas violaciones de derechos laborales en las plantaciones bananeras de proveedores de Chiquita en Guatemala. Según informó el espacio, ante la falta de respuesta de la multinacional, representantes de Public Eye y activistas entregaron las firmas de una petición al director de sostenibilidad de la empresa frente a su sede en Etoy, Suiza.
La CSA refuerza la solidaridad sindical en Panamá ante abandono de la transnacional Chiquita
La asociación señaló que las denuncias fueron difundidas en abril y describió jornadas laborales de hasta 12 horas, salarios que en numerosos casos serían inferiores al mínimo legal y exposición a fumigaciones aéreas con pesticidas sin protección. Public Eye también afirmó que trabajadores que cuestionaron las condiciones laborales o intentaron organizarse sindicalmente fueron despedidos e incluidos en listas negras. Como parte de la protesta, los manifestantes utilizaron la consigna: “¡Chiquita Basta!”
Plantaciones: Public Eye cuestiona la respuesta de Chiquita
La organización sostuvo que casi toda la producción de Chiquita cuenta con certificación de Rainforest Alliance y que, tras recibir sus denuncias, la entidad realizó una auditoría en una de las plantaciones señaladas. Según el informe, la auditoría confirmó en gran medida los abusos reportados y la certificación de esa plantación fue suspendida. Además, cuestionan que la empresa no haya respondido a sus preguntas ni adoptado, según su versión, medidas para remediar las situaciones denunciadas.
Chiquita firmó un acuerdo sobre derechos sindicales con los Sindicatos Latinoamericanos de Trabajadores Bananeros (COLSIBA) y la IUF, cuyo alcance incluye a los proveedores del grupo. En ese marco, la organización le pidió a la multinacional que utilice su influencia comercial para garantizar condiciones laborales dignas y seguras en las plantaciones.
Como parte del esquema de acciones para frenar el accionar de la empresa, Public Eye reclamó al gobierno Suizo la adopción de medidas legislativas para prevenir y sancionar abusos de derechos humanos.
