El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) de Argentina denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei constituye «un retroceso de la legislación laboral al siglo XIX». La presentación se realizó durante una audiencia celebrada en Washington, en el marco del 196º Período de Sesiones Ordinarias del organismo, según informó la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE).
Durante la audiencia, las organizaciones sindicales también denunciaron una presunta política de persecución contra dirigentes gremiales y sindicatos. En ese contexto, señalaron como ejemplos la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la situación del secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, quien afirmó haber sido objeto de una «persecución mediática, gremial, jurídica y personal».
Según la información compartida, las organizaciones solicitaron que el organismo emita una comunicación dirigida al Estado argentino, remita sus observaciones a los tribunales locales y promueva una visita de la Relatoría Especial sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (REDESCA) para relevar el impacto de las medidas sobre los derechos de las y los trabajadores.
Los sindicatos cuestionaron el impacto de la reforma sobre los derechos laborales
En representación del FreSU, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que «el espíritu de esta reforma es beneficiar sólo a los empresarios y aumentar sus márgenes de rentabilidad a partir de una mayor explotación. Jornadas más extensas y salarios más bajos». Además, afirmó: «Aquello que sostuvo la OIT sobre que el trabajo no es una mercancía se transformó en letra muerta», y pidió la intervención de la CIDH al considerar que existe un ataque al Estado de Derecho y a los derechos laborales.
Por su parte, la secretaria general de CONADU, Clara Chevallier, señaló que la reforma laboral «ataca una de las conquistas fundacionales como la jornada de 8 horas» mediante la incorporación de un banco de horas flexible. Según expresó, «esta pobreza de tiempo impacta de manera asimétrica sobre las mujeres, provoca una crisis sobre los cuidados y desorganiza los hogares». En tanto, representantes del SiPreBA y de organizaciones de abogados laboralistas cuestionaron la derogación del Estatuto del Periodista Profesional y solicitaron que la CIDH se pronuncie sobre la compatibilidad de la reforma con los estándares interamericanos de derechos humanos.
De acuerdo con la información difundida por la CLATE, durante la audiencia los comisionados de la CIDH formularon consultas al Estado argentino sobre la implementación de la reforma laboral.
