La Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de los Gobiernos Regionales (FENAFGORE), organización que representa a trabajadores de los 16 gobiernos regionales de Chile, presentó esta semana una segunda denuncia formal ante la Contraloría Regional de La Araucanía contra el gobernador René Saffirio Espinoza. La organización gremial acusa a la máxima autoridad regional de vulnerar gravemente el fuero sindical al modificar drásticamente las labores habituales del vicepresidente nacional de la federación, Jaime Enrique Candia Sandoval, quien se desempeñaba en la Unidad de Auditoría Interna desde 2014.
Según la FENAFGORE, estas acciones, sumadas a la creación de una cuestionada Sección de Rendiciones, constituyen una práctica de violencia laboral y amedrentamiento que busca obstruir el buen desempeño de los funcionarios públicos.
“Nuestro actuar siempre ha sido priorizar el diálogo para resolver conflictos, pero ante la falta de soluciones y el agudizamiento de la situación, hemos recurrido a las instancias legales para revertir esta vulneración de derechos”, destaca el comunicado emitido por la FENAFGORE.
La federación sostiene que los cambios impuestos no se ajustan a la normativa vigente y solo interfieren con el correcto actuar de los profesionales, calificando las decisiones del gobernador como «ineficientes» para la transparencia pública.
Alerta por violencia laboral y daño a la salud mental
La organización gremial manifestó su profunda preocupación por el clima de hostigamiento que se vive en la repartición pública. “Consideramos que estas decisiones son tomadas para justificar erróneamente despidos, además de obstruir el desempeño laboral y deteriorar la salud mental de nuestras asociadas y asociados”, enfatiza el documento.
Ante este escenario, el directorio de la FENAFGORE, con el apoyo jurídico de la ANEF, ratificó su compromiso de no guardar silencio ante lo que consideran un mal uso de los recursos públicos y una gestión basada en el menoscabo profesional. “Los funcionarios públicos somos quienes ejecutamos las políticas públicas con apego a las normas; no estamos disponibles para avalar actuaciones ilegales”, sentencia la misiva enviada desde Temuco.
