La UNI Américas manifestó su rechazo a la suspensión provisional del decreto que establecía el salario mínimo legal mensual para 2026 en Colombia. En una declaración difundida el 13 de febrero desde Montevideo, la organización señaló que la decisión judicial “impacta de manera directa en los ingresos de millones de trabajadoras y trabajadores”, al dejar en revisión el incremento fijado por el Gobierno nacional.
En el comunicado, UNI Américas subrayó que “el salario mínimo no es una variable técnica aislada: es una herramienta central de redistribución, un mecanismo para sostener el consumo interno y una garantía básica de dignidad para quienes viven de su trabajo”. Asimismo, advirtió que “congelar o frenar su actualización en un contexto de desigualdad estructural profundiza las brechas sociales y debilita la protección del trabajo decente”.
El salario mínimo y su función redistributiva
La organización reconoce que “el equilibrio institucional y los mecanismos de revisión forman parte del Estado democrático”, pero sostiene que el Consejo de Estado “debe abstenerse de suspenderlo fallando en favor del trabajador en la Sentencia Final, cualquier intervención que afecte derechos sociales debe considerar el carácter progresivo de los mismos y el principio de no regresividad”.
El espacio con incidencia regional también contextualiza la medida en un escenario regional marcado por la desigualdad. “América Latina sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo”, afirma el documento, y agrega que resulta “fundamental fortalecer las políticas que buscan mejorar el poder adquisitivo y la calidad de vida de la clase trabajadora”.
Finalmente, la federacoón expresó su solidaridad con el movimiento sindical colombiano y sus afiliadas, y reafirmó que “la recuperación del salario real es indispensable para avanzar hacia sociedades más equitativas”.
