La situación de Petroperú volvió a encender alertas en el movimiento sindical peruano tras los recientes pronunciamientos de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), que cuestionan el Decreto de Urgencia N.° 010-2025. Ambas organizaciones advierten que la medida podría tener consecuencias directas sobre la estabilidad laboral, la seguridad energética y el rol estratégico de Petroperú en el país.
Desde la CATP señalaron que el decreto “expone a Petroperú a su descuartizamiento para rematarlo”, al considerar que la norma configura un proceso de desmantelamiento progresivo de la empresa estatal. En su comunicado, la central expresó su “profunda preocupación y firme rechazo frente a las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo que vienen poniendo en grave riesgo la estabilidad productiva, financiera, laboral y estratégica de Petroperú S.A.”, especialmente en regiones de la Amazonía y la sierra.
Advertencias sindicales sobre Petroperú y el empleo
La CATP sostuvo que el Decreto de Urgencia, publicado el 31 de diciembre de 2025, “lejos de garantizar la continuidad de la cadena productiva de Petroperú, prepara las condiciones para venderla a precio vil”, y alertó que su aplicación podría comprometer el abastecimiento de combustibles y la seguridad energética nacional. Asimismo, respaldó el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, que advirtió sobre los efectos de la injerencia política en la crisis financiera de la empresa.
Por su parte, la CGTP también rechazó la medida al considerar que, bajo el argumento de una “reestructuración”, se abre el camino a una privatización encubierta de Petroperú. La central señaló que el decreto implicaría “la reorganización patrimonial y la transferencia de la gestión de activos estratégicos al sector privado”, comenzando por la Nueva Refinería de Talara, y advirtió que este proceso afectaría directamente a miles de trabajadoras y trabajadores.
En su pronunciamiento, la CGTP afirmó que no aceptará que la crisis de Petroperú sea utilizada para justificar despidos o precarización laboral. “No aceptamos despidos, pérdida de derechos ni precarización laboral en nombre de una supuesta eficiencia operativa”, sostuvo la central, al tiempo que remarcó que el trabajo digno y la estabilidad laboral son pilares inseparables de la soberanía energética.
Ambas organizaciones coincidieron en señalar que la aplicación del Decreto de Urgencia N.° 010-2025 podría derivar en despidos masivos y en una afectación directa a los derechos laborales, además de generar un impacto social más amplio.
