Desde el pasado 10 de septiembre, un grupo de agentes penitenciarios paraguayos mantiene una huelga de hambre frente al Ministerio de Justicia, en reclamo por el incumplimiento de compromisos salariales y condiciones laborales.
La protesta, que se desarrolla en una carpa instalada sobre la vereda del edificio ministerial, fue convocada por funcionarios nombrados que exigen la equiparación de salarios y el cumplimiento de un aumento acordado de G. 1.500.000. Según denuncian, el presupuesto asignado por el ministerio solo contempla G. 900.000 por trabajador.
Los manifestantes también reclaman mejoras urgentes en el seguro médico, que califican como deficiente. De acuerdo con los huelguistas, el seguro privado los designa como “pacientes crónicos”, lo que los deja sin cobertura efectiva y los obliga a depender del sistema público de salud.
Regularización salarial y condiciones laborales en conflicto
Otro eje del conflicto es la situación de miles de agentes precarizados, quienes perciben ingresos por debajo del salario mínimo y no acceden a bonificaciones por domingos, feriados o tareas de alto riesgo. Los sindicatos del sector —SITRACEPEN, SITEMJT, SINAMUPEP y SINTRACEI— agrupados en el Bloque Sindical del Ministerio de Justicia, señalan que desde hace 15 años no se realiza una recategorización salarial, a pesar de las cargas horarias extenuantes y la exposición constante en centros penitenciarios.
La tensión aumentó tras el anuncio de medidas más extremas: Dos de los huelguistas confirmaron que procederán a crucificarse frente al Ministerio si no reciben una respuesta concreta. Los representantes sindicales indicaron que intentaron disuadirlos, pero la decisión fue tomada de forma autónoma ante la falta de diálogo por parte del Gobierno.
La Unión Nacional de Trabajadores del Estado (UNTE-SN), miembro de CLATE, expresó su solidaridad con los trabajadores penitenciarios y denunció la “poca predisposición del Ministro de Justicia en buscar una solución a las reivindicaciones presentadas”. Según reportó el diario ABC Color, los manifestantes solicitan que el Ministerio de Justicia gestione con el Ministerio de Economía el envío de una adenda al Presupuesto General de la Nación, como vía para cumplir con lo prometido y garantizar el respeto a los derechos laborales.
