El pasado 15 de diciembre venció el primer plazo legal para la concertación del salario mínimo en Colombia para 2025, sin que se lograra un acuerdo entre los representantes del gobierno, los trabajadores y los empresarios. Según informó El Tiempo, la falta de consenso anticipa jornadas extraordinarias y deja abierta la posibilidad de que la decisión sea tomada por decreto.
A pesar de que el Ministerio de Trabajo estableció un «piso» y un «techo» para guiar las negociaciones, las posturas de las partes se mantienen distantes. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, expresó su preocupación por el estancamiento en las discusiones, señalando que “no cree en un acuerdo entre las partes”. Por su parte, la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) ha presentado una propuesta que ha generado tensiones en la mesa de diálogo.
La CUT sostiene un incremento del 12 % en el salario mínimo, basándose en criterios como la inflación, la productividad y el crecimiento económico. En contraste, Acopi ha propuesto un aumento del 5,2 %, cifra que Fabio Arias calificó como “una actitud camorrera”. Durante una entrevista con Caracol Radio, el líder sindical criticó la postura de Acopi, afirmando que “presentar propuestas que están fuera de la ley es un irrespeto hacia quienes estamos negociando”.
Arias también señaló que las reuniones no han sido tripartitas, como lo exige el proceso, sino bilaterales, lo que, según él, ha dificultado el avance en las negociaciones. “El gobierno nos ha escuchado a los trabajadores y también a los empresarios, pero todavía no sabemos si eso ha servido para encontrar puntos en común”, declaró.
De no concretarse un acuerdo en la reunión programada para el 16 de diciembre, el calendario establece jornadas extraordinarias entre el 24 y el 27 de diciembre para intentar alcanzar un consenso. La posibilidad de que el aumento sea definido por decreto se vislumbra como un escenario probable entre las organizaciones.
El Ministerio de Trabajo enfrenta el reto de mediar entre las posiciones divergentes, buscando un equilibrio que atienda las necesidades de los trabajadores y las posibilidades de los empresarios.
Mientras los trabajadores demandan un aumento que compense el costo de vida y fomente la justicia laboral, los empresarios apelan a la sostenibilidad económica, especialmente en un contexto de inflación y desaceleración económica.
