La Central Autónoma de Trabajadores del Perú CATP alzó su voz este 16 de abril para exigir al Estado peruano la defensa activa de los derechos laborales de los trabajadores telefónicos, en el marco del proceso de venta de acciones de Telefónica del Perú a la empresa Integra Tec.
La organización sindical manifestó su profunda preocupación por los antecedentes de esta empresa extranjera y demandó al Ministerio de Trabajo MTPE y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC que velen por el cumplimiento de los derechos laborales y los contratos de concesión.
A través de un comunicado, la CATP solicitó que el MTPE garantice “la estabilidad laboral, los convenios colectivos y la salud y seguridad en el trabajo”, haciendo énfasis en la necesidad de respetar la sentencia del Tribunal Constitucional que impide ceses colectivos a los trabajadores telefónicos. Además, pidió al MTC que sea “riguroso en el cumplimiento del Contrato de Concesión” y exija al nuevo comprador que cumpla con todas las obligaciones laborales y sociales vigentes en la legislación peruana.
La central sindical expresó también su desconfianza hacia Integra Tec, señalando que esta empresa fue la compradora de las acciones de Gencor en la Minera Volcán, donde —según denuncian— ha demostrado “un accionar de confrontación y abuso de los derechos laborales”. Por ello, exigen que si se le autoriza como nueva concesionaria de Telefónica, “enmende su conducta y respete la libertad sindical y la negociación colectiva”.
La organización planteó cinco exigencias clave: respeto a los derechos laborales, cumplimiento del contrato de concesión, protección de los intereses de los trabajadores, transparencia en el proceso de venta y participación activa de los sindicatos en las negociaciones. “El Estado tiene la obligación de hacer respetar los intereses económicos del país y los derechos de los usuarios del servicio”, advirtió la central.
Finalmente, la CATP reafirmó su compromiso con la defensa de sus afiliados y adelantó que continuará articulando acciones con gremios nacionales e internacionales para enfrentar “a esta inversionista extranjera en defensa de nuestros trabajadores telefónicos y mineros”.
