La Comisión de Normas de la OIT analizó el caso de Paraguay en materia de cumplimiento de las normas laborales, exponiendo uno que otro avance por parte del Gobierno, pero dejando en evidencia falencias graves como las irregularidades en el sistema de concursos para la selección de inspectores.
Marta Pujada, del grupo de trabajadores, remarcó el incumplimiento de Paraguay en varias oportunidades y señaló que la situación de los trabajadores ha empeorado. En una economía donde el 60% de los trabajadores se encuentran en la informalidad, esta problemática se agrava.
Pujada cuestionó el sistema de concursos para la selección de inspectores, y lo calificó de «precario», ya que de los 19 inspectores, se calcula que solo 8 tienen estabilidad en sus empleos. Además, evidenció que el número de inspectores disponibles en la actualidad, no llega a cubrir todo el territorio, sumado a la falta de vehículos de transporte y recursos logísticos.
En representación del Gobierno, César Segovia Villasanti afirmó que se está trabajando «incansablemente» para alcanzar los objetivos y que se tienen en cuenta las observaciones de la OIT. Entre las medidas tomadas, se destaca la incorporación de 29 inspectores laborales desde el 2015, la revisión de otras medidas para mejorar los derechos laborales y la precarización, y el trabajo en la estructura salarial.
Segovia Villasanti explicó todo el procedimiento y negó las denuncias de suspensión de las acciones inspectivas. Además, repasó la cantidad de inspecciones realizadas por el organismo y en conjunto con otros organismos como el ISP y Transporte, aunque se reconoció que los números del último período son bajos.
Pablo Carrasco, del grupo de empleadores, destacó el cumplimiento de este convenio por parte de los estados como uno de los pilares de la gobernanza.
El organismo reconoció los avances realizados por Paraguay en materia de cumplimiento de las normas laborales, pero también ha instado al gobierno a tomar medidas para abordar los desafíos pendientes, como el aumento del número de inspectores laborales, la mejora de sus condiciones laborales y la distribución equitativa en el territorio, y la dotación de los recursos necesarios para que puedan realizar su trabajo de manera efectiva.
90% del país no cuenta con servicios inspectivos
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de Paraguay, Mirtha Arias, en su intervención expuso que «de los 30 inspectores contratados en el 2015 sólo 19 permanecían en funciones, de los cuales 13 inspectores estaban asignados en la capital Asunción y tres inspectores en el departamento de Alto Paraná, más un inspector en los departamentos de cordillera parguariña y jujuy (creo) respectivamente».
Según los informes, en los doce departamentos restantes no hay inspectores asignados y los Servicios de Inspección del Trabajo no cuentan con ningún vehículo de transporte para el ejercicio de sus funciones. «Obsérvese la extrema precariedad institucional de la Inspección del Trabajo en Paraguay que determina la inexistencia de controles del cumplimiento de las condiciones de trabajo, la ausencia de toda verificación de las normas legales, convencionales y reglamentarias», añadió la dirigente.
En cuanto a la previsión en materia de prevención de accidentes y afectación de la salud y seguridad laboral, reveló que es prácticamente nula, ya que el 90% del país no cuenta con servicios inspectivos, lo cual abona la posibilidad de un incumplimiento generalizado y permanente de la normativa tutelar de las personas que trabajan.
Finalmente, la dirigente sindical agregó que, en lugares como el departamento del Alto Paraná que se caracteriza por ser una zona industrializada, con un gran número de fábricas de maquila, no es posible realizar verificaciones de ningún tipo ante la ausencia de inspectores.
A esta intervención se le sumó la del dirigente argentino, Marcelo Di Stefano, quien expresó: «La falta de inspección se ha cobrado la vida de trabajadores y trabajadoras. El fin de lucro explotador, desde la primera revolución industrial, hasta hoy en día, potenciado por la falta de escrúpulos de algunos empresarios que abusan del estado de necesidad que pesa sobre los trabajadores, requieren del freno a su impunidad mediante una acción enérgica de los Estado que garantice las condiciones de trabajo decente».
