El Consejo Directivo Central de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) manifestó su profunda preocupación y respaldó formalmente las medidas de fuerza adoptadas por las y los trabajadores del semanario Búsqueda y la revista Galería, medios pertenecientes al Grupo Magnolio. Según denunció el sindicato, desde los primeros meses de 2026 la empresa viene abonando las remuneraciones de forma fragmentada, con demoras severas y en múltiples cuotas.
La situación alcanzó un punto crítico al constatarse que, al miércoles 27 de mayo, un sector del personal de planta y colaboradores externos aún no percibía la totalidad de sus ingresos correspondientes al mes de abril. Ante la falta de respuestas, el gremio activó los mecanismos de negociación colectiva ante el Poder Ejecutivo, advirtiendo que la regularización de los haberes no es negociable bajo ninguna circunstancia financiera.
“El pago íntegro y en fecha de los salarios no constituye una concesión empresarial, sino una obligación legal básica e irrenunciable”, sentenció la dirección de la APU en un duro comunicado público.
El conflicto escaló luego de que la representación empresarial del grupo de medios desconociera las actas firmadas formalmente ante las autoridades laborales estatales.
Ruptura de acuerdos en la Dirección Nacional de Trabajo
El colectivo de trabajadores y el sindicato ya han mantenido dos audiencias tripartitas en la Dirección Nacional de Trabajo (DINATRA) con la mediación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Durante la última instancia de negociación, llevada a cabo el lunes 25 de mayo, los delegados gremiales establecieron como condición indispensable para sostener los canales de diálogo que el Grupo Magnolio liquidara la deuda salarial en un plazo máximo de 24 horas. Pese a que los representantes patronales asumieron formalmente dicho compromiso, la APU constató que los fondos comprometidos nunca fueron depositados, rompiendo de esta manera la tregua acordada.
“Acompañamos y respaldamos todas las acciones resueltas por las y los trabajadores organizados frente a estos reiterados incumplimientos”, ratificó el sindicato de prensa uruguayo.
La APU concluyó afirmando que mantendrá el seguimiento técnico y político del caso ante el Ministerio de Trabajo, exigiendo sanciones correspondientes para la empresa si persiste la vulneración del derecho al salario, un elemento que afecta de manera directa el sustento de decenas de familias de comunicadores y periodistas en el país.
