La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), expresó su rechazo «frontal y razonado» a la Consulta Popular 2025. El gremio argumenta que el proyecto no ataca los problemas más urgentes de la nación —como el desempleo, la inseguridad, la pobreza y la corrupción—, sino que «pretende consolidar el poder de los grupos económicos vinculados con Noboa». La central sindical alerta a la clase trabajadora y al pueblo ecuatoriano para que «no se dejen confundir» y voten NO a cada pregunta planteada por el Ejecutivo.
Uno de los puntos de mayor preocupación para la CEOSL es la propuesta de «Eliminación de la prohibición de establecer bases militares extranjeras». Afirman que las bases militares extranjeras representan el «sometimiento de los países al imperialismo» y que el Ecuador no puede perder soberanía o subordinar su política de defensa a intereses ajenos.
La central sindical insiste en que un país debe protegerse como «una nación libre, pacífica y soberana», donde «la soberanía no se negocia, se defiende».
Riesgo de privatización y reducción de la representación trabajadora
El segundo punto de la consulta que moviliza el rechazo de la CEOSL es la «Eliminación del financiamiento estatal a organizaciones políticas«. La central argumentó que esta medida favorecería a los grandes grupos económicos, que sí podrán financiar sus campañas con dinero privado. Las organizaciones populares y de trabajadores, por el contrario, quedarían «excluidas del debate político y la participación electoral».
La CEOSL sostiene que el financiamiento público crea las condiciones necesarias para que grupos con escasos recursos puedan participar democráticamente. Además, el gremio se opone rotundamente a la «Reducción del número de asambleístas». Consideran que esto no soluciona la corrupción ni la ineficiencia, sino que «solo limita la representación del pueblo y concentra el poder en un grupo reducido de representantes de los grupos económicos», debilitando la capacidad de la clase trabajadora para luchar contra la pobreza y la inequidad.
El comunicado de la CEOSL, firmado por su Presidenta, Marcela Arellano, y el Secretario General, Ángel Sánchez, concluye que esta consulta popular «no es un acto democrático, sino una maniobra para perpetuar el poder político y económico de unos pocos a costa del pueblo trabajador».
La central sindical resume su posición con cuatro negativas firmes: «NO a las bases extranjeras», «NO a la privatización de la política», «NO a la reducción de la democracia» y «NO a la manipulación constitucional». La organización enfatizó que la democracia se fortalece «con amplia participación del pueblo, no con exclusión».
