Representantes de organizaciones sindicales del Cono Sur se reunieron recientemente en un encuentro regional para consolidar una agenda común centrada en la justicia fiscal y aduanera, ante el complejo escenario económico que atraviesa la región. El evento, que contó con el respaldo técnico y la relatoría de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), tuvo como eje principal la coordinación de acciones para frenar la erosión de las bases imponibles y el fortalecimiento de las administraciones tributarias.
Según destaca el informe de la organización, los sindicatos participantes enfatizaron que no hay justicia social posible sin un sistema fiscal progresivo que obligue a las grandes corporaciones y fortunas a contribuir de manera equitativa al desarrollo de las naciones.
“La articulación sindical es fundamental para disputar el sentido de las políticas fiscales en nuestros países. Necesitamos administraciones aduaneras fuertes y dotadas de recursos para combatir el contrabando y la evasión, que son las principales fugas de riqueza de nuestra clase trabajadora”, señala el reporte difundido por Latindadd.
Durante las jornadas de debate, los líderes gremiales coincidieron en que las políticas de austeridad y los recortes en las plantillas estatales de los servicios de recaudación ponen en riesgo la soberanía económica de los países y precarizan la labor de quienes deben controlar el comercio exterior.
Un frente común contra la desigualdad fiscal
El informe de Latindadd resalta que la agenda de los sindicatos no se limita únicamente a la defensa de las condiciones de trabajo, sino que se proyecta hacia una visión macroeconómica. Las organizaciones buscan incidir en procesos internacionales de reforma tributaria, exigiendo que los Estados recuperen su capacidad de financiamiento para sostener los sistemas de protección social y los servicios públicos esenciales.
“Es imperativo avanzar hacia una fiscalidad internacional más justa, donde los beneficios generados en nuestra región se queden para financiar el bienestar de nuestros pueblos”, sostiene la fuente citada en la nota. La articulación gremial también prevé el monitoreo constante de los flujos financieros ilícitos, una problemática que afecta directamente la capacidad de inversión pública en educación, salud e infraestructura.
