El debate sobre las víctimas de la dictadura militar en Brasil ha cobrado nueva relevancia tras el éxito de la película Ainda Estou Aqui, dirigida por Walter Salles. La obra ha reabierto la discusión sobre la importancia de esclarecer los crímenes cometidos durante el régimen militar y ha puesto en el centro de la agenda pública la lucha de las familias que aún buscan justicia. Ante esta situación, las principales centrales sindicales del país emitieron un pronunciamiento conjunto en el que exigen el fortalecimiento de la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos.
En la declaración, los sindicatos expresaron su respaldo a los familiares de las víctimas, quienes han sido doblemente castigados: primero, por la brutalidad del régimen militar, y luego, por la falta de respuestas y justicia. «Esta es una herida que, después de 40 años de redemocratización, todavía sigue abierta«, afirmaron las centrales en el documento publicado el 4 de marzo de 2025.
Uno de los casos más emblemáticos es el del exdiputado Rubens Paiva, asesinado en 1971 por el régimen. Su hija, Vera Paiva, en una reciente entrevista con Folha de São Paulo, expresó su esperanza en que el gobierno fortalezca el trabajo de la Comisión, reinstaurada en 2024 tras haber sido desmantelada durante la administración de Jair Bolsonaro. Sin embargo, denunció que actualmente opera con un presupuesto limitado, lo que dificulta su labor.
Las centrales sindicales han instado al gobierno a asumir la responsabilidad de fortalecer este organismo, proporcionando los recursos necesarios para garantizar su pleno funcionamiento. «Necesitamos resolver esta deuda histórica con las familias de los asesinados y desaparecidos durante los 21 años de dictadura militar», señala el documento, subrayando la necesidad de que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia.
«Sólo podremos avanzar en la construcción de la democracia siendo conscientes de nuestra historia, transmitiéndola a las nuevas generaciones y limpiando las injusticias perpetradas por el Estado en el pasado reciente», afirmaron.
El pronunciamiento fue firmado por los presidentes de las principales centrales sindicales del país, entre ellos Sergio Nobre (CUT), Miguel Torres (Fuerza Sindical), Ricardo Patah (UGT), Adilson Araújo (CTB), Moacyr Roberto Tesch Auersvald (NCST), Antonio Neto (CSB), Atnágoras Lopes (CSP-Conlutas), Nilza Pereira (Central Intersindical), José Gozze (PÚBLICA) y Emanuel Melato (Intersindical). En conjunto, hicieron un llamado a la sociedad a movilizarse en defensa del derecho a la verdad, la memoria y la justicia, reiterando su lema: «¡Ninguna amnistía para los golpistas!».
