El décimo tercer sueldo, un derecho laboral reconocido en Ecuador, sigue siendo incumplido por un gran número de empleadores, según un comunicado reciente del Comité Ejecutivo de CEOSL (Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres).
La organización denuncia que únicamente el 51% de los trabajadores accede a este beneficio, mientras que el 49% restante no lo recibe, lo que refleja la falta de cumplimiento y responsabilidad de algunos empleadores.
De acuerdo con la normativa vigente, el décimo tercer sueldo corresponde a una doceava parte de las remuneraciones percibidas entre el 1 de diciembre del año anterior y el 30 de noviembre del año actual. Este pago, considerado fundamental por el 92% de los trabajadores, se destina principalmente al pago de deudas y a cubrir gastos específicos de fin de año.
La CEOSL hizo un llamado enérgico al Ministerio de Trabajo y al Gobierno Nacional para que actúen y garanticen el cumplimiento de este derecho. “Exigimos al Ministerio de Trabajo y al Gobierno Nacional que garanticen el cumplimiento efectivo de este derecho. Los empleadores deben ser responsables de su pago a tiempo y en su totalidad, sin justificación ni excusas”, señala el comunicado.
🔴 El pago del décimo tercer sueldo es una obligación legal que debe ser cumplida por todos los empleadores públicos y privados.#DecimoTercer #CeoslEnAccion pic.twitter.com/ZOBE4F5AXq
— CEOSL (@prensaceosl) December 17, 2024
El documento también destaca otro problema alarmante: el índice de precariedad laboral en Ecuador alcanza el 74%, según datos del Observatorio del Trabajo y Pensamiento Crítico de la UCE (Universidad Central del Ecuador). Esta cifra refleja una realidad preocupante para la estabilidad económica de los trabajadores ecuatorianos.
El comunicado finaliza instando al gobierno y a las autoridades competentes a garantizar la aplicación de las leyes laborales. La CEOSL advierte que la falta de cumplimiento no solo vulnera los derechos de los trabajadores, sino que también afecta directamente la economía familiar de miles de personas en el país.
Esta situación pone en evidencia la necesidad de fortalecer la supervisión y sanción a los empleadores que incumplan con sus obligaciones legales, en un contexto donde la lucha por los derechos laborales continúa siendo una prioridad para los trabajadores y sus organizaciones sindicales.
