Durante la segunda etapa de la tercera jornada de la Conferencia Internacional del Trabajo, la Comisión de Normas discutió la violación de los Convenios 87 sobre Libertad Sindical y la protección del derecho de sindicación y el Convenio 11 sobre discriminación, de parte del Estado nicaragüense.
La vocera del gobierno denunció intromisión política de parte del organismo y aseguró que sindicatos aceptan este mecanismo para continuar las campañas de desestabilización.
En representación de los empleadores, Juan Mailhos, sostuvo que son inadmisibles las persecuciones a lideres sociales, las amenazas, el terrorismo fiscal a empresarios perseguidos y las tomas de tierras.
Los empresarios, bajo la vocería de Corea Torres, defendieron la postura del gobierno y, como parte de la comisión de trabajadores, Josi Zepeda López, agregó que no hay persecución pero que los atentados persisten.
Los mandantes de Nicaragua estuvieron alineados con las posturas de la embajada, los sectores europeos pidieron la liberación de lideres detenidos y que no sean expulsados ni expatriados. Asimismo, hubo defensa por parte de representantes de los gobiernos de China, Venezuela, Bolivia y Rusia.
Los empleadores instaron al Gobierno para que no se repitan los actos y exigieron la libertad inmediata de todo empleador encarcelado en el ejercicio de sus actividades, remarcando la no acreditación de los sectores empleadores que no pudieron participar en la Confederación.
Convenio 111
En este punto se evidenciaron los actos de discriminación por opiniones políticas a trabajadores y el acoso sexual en el lugar del trabajo.
Las Comisiones Racial y de Expertos retomaron los actos contra pueblos indígenas y afroamericanos. Los gobiernos europeos plantean que los informes del gobierno no responden a los informes del organismo, según lo establecido por Expertos.
Marcelo Di Stefano, como observador, opinó que, se deben cumplir todas las normas, pero señaló la preocupación de los expertos. En ese sentido, remarcó que hay verificar las violaciones desde esta comisión y garantizar las opiniones junto con la definición de una hoja de ruta para resolverlo.
