Trabajadores de la educación y la salud de Venezuela realizaron un paro de 12 horas y movilizaciones en distintos estados para exigir una recomposición de sus ingresos y mejores condiciones laborales. La protesta tuvo como detonante el anuncio de un bono de fin de año de US$150, frente al cual los sindicatos reclaman un ingreso de US$960.
«El último detonante fue la decisión del gobierno de otorgar US$150 en bonos de fin de año», afirmó Eduardo Sánchez, presidente del sindicato universitario SINATRA, en declaraciones a Venezuelanalysis. El dirigente calificó el monto como «una broma y una bofetada».
El reclamo se inscribe en un conflicto salarial que se arrastra desde 2022, cuando el Gobierno dejó de actualizar el salario mínimo mensual. Según los datos publicados por el portal venezolano, su valor se redujo a unos US$0,15, mientras que el ingreso mínimo mensual de los trabajadores públicos alcanza los US$240 mediante bonificaciones.
Para los sindicatos, el problema es que esos pagos no tienen carácter salarial y, por lo tanto, no se incorporan al cálculo de prestaciones como vacaciones, aguinaldos e indemnizaciones por despido, por lo que sostienen, que la política de bonos no resuelve la pérdida del poder adquisitivo ni recompone los derechos asociados al salario.
Salarios en Venezuela: las protestas exponen diferencias entre trabajadores estatales
La movilización tuvo adhesión en universidades y hospitales de Caracas y otros estados. Sánchez aseguró que las actividades de la Universidad Central de Venezuela estaban «completamente paralizadas» y sostuvo que hubo una amplia participación de los sectores de salud y educación.
En tanto, Mauricio Zambrano, dirigente sindical del sector sanitario, afirmó: «Esta fue una movilización exitosa a escala nacional» y advirtió que los trabajadores permanecerán en las calles hasta obtener respuestas. En los hospitales, las protestas se desarrollaron sin interrumpir los servicios de emergencia y otras prestaciones críticas, según los portavoces citados por el medio.
Los manifestantes utilizaron esos antecedentes para cuestionar las diferencias entre sectores y advertir que no puede haber «trabajadores de primera y segunda clase». Sánchez anticipó que «la lucha apenas comienza» y reclamó a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, explicaciones sobre el destino de los ingresos petroleros.

