Este viernes se cumplió el quinto día del paro indefinido contra la Ley 1.386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, también conocida como «ley madre».
En estos cinco días se vivieron bloqueos, incidentes y enfrentamientos entre opositores y militantes del Movimiento al Socialismo (MAS). Además de mucha tensión social, la Defensoría del Pueblo registró 63 heridos en Potosí y un muerto. Sobre el fin de semana la tensión sólo disminuyó con la convocatoria a una tregua por parte de la Conferencia Episcopal de Bolivia.
La convocatoria fue hecha por un sector opositor al gobierno, el «Comité Nacional de Defensa de la Democracia», que cuenta con una base social muy amplia que incluye a la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales, Artesanos, Comerciantes Minoristas y Vivanderos de Bolivia, Transportistas, Médicos y trabajadores cuentapropistas. A medida que avanzan los días está base se va ampliando. ¿Por qué sucede esto?
El conflicto es uno más de los históricos enfrentamientos entre el Movimiento al Socialismo (MAS) y los sectores opositores al proceso iniciado con la llegada al poder de Evo Morales. Como en la mayoría de los casos el epicentro de las manifestaciones fue Santa Cruz y se extendió rápidamente a Cochabamba, La Paz, Tarija, Potosí, Oruro y Beni.
Las protestas coinciden con el primer aniversario del gobierno de Luis Arce y los dos años Del golpe a Evo Morales. Desde el Ejecutivo los ataques fueron calificados como «destituyentes» y Luis Arce llegó a convocar a los indígenas «guerreros» para defenderse. Cómo en toda guerra sería a todo o nada.
Si bien el conflicto cuenta con una base política importante, subyace una situación social y económica que amplía las bases de este hasta los sectores más afines al MAS. En los últimos días de la semana los cooperativistas mineros de Oruro se plegaron al paro.
El pedido de derogación de la «ley madre» encuentra su justificación en la gran mayoría de los bolivianos. La ley, aprobada en agosto, habilita al gobierno a embargar cuentas bancarias, incautar bienes y propiedades ante la sola sospecha de que son ilícitos.
La norma en cuestión es copiada de Venezuela y cuenta con artículos que levantan los secretos profesionales y financieros, sin contar siquiera con autorizaciones judiciales por lo que se cree busca perseguir a opositores.
Si bien el Gobierno cuenta con el apoyo de la Central Obrera Boliviana y de la mayoría de los poderosos sindicatos mineros, el país mantiene los índices de informalidad más altos de la región, alcanzando el 85%.
De extenderse el conflicto, subyace la amenaza real de desabastecimiento de combustible y por, sobre todo, crece la amenaza para el gobierno de que la oposición amplíe las bases del conflicto sumando a más trabajadores.
Vale la pena recordar que la estocada final a Evo Morales vino de la mano de la Central Obrera Boliviana (COB) que le sugirió públicamente su salida «para pacificar al país».
