La Cámara Nacional del Trabajo de Argentina ha tomado una decisión dividida al avalar una medida cautelar de la CGT que suspende el tramo de modificaciones laborales del Mega DNU del Presidente Javier Milei. Este hecho representa un significativo revés judicial para el mandato del presidente.
En la resolución, los jueces argentinos José Alejandro Sudera y Andrea García Vior han decretado una medida cautelar que suspende el tramo de modificaciones laborales del DNU 70/2020, mientras que la jueza Dora González, en disidencia, sugiere remitir la causa a la Cámara Contencioso Administrativo Federal para definir qué fuero debe tramitar el expediente.
Es crucial destacar que esta es la primera decisión judicial que frena al menos un componente del paquete de medidas del DNU. A pesar de que se habían presentado numerosas denuncias ante distintos fueros judiciales, ninguna resolución se había emitido hasta ahora. La Corte Suprema Argentina había aceptado el tratamiento, pero pospuso la decisión hasta después de la feria judicial de enero, lo cual fue interpretado políticamente como un tiempo para que ambas partes aborden la cuestión por vías legislativas.
La decisión de la Justicia laboral plantea incertidumbres sobre la eventual intervención del Fuero en lo Contencioso Administrativo y la habilitación de la feria judicial. Este nuevo giro en la situación judicial podría tener implicaciones significativas en el desarrollo y la implementación de las reformas propuestas por el gobierno.
Los fundamentos del fallo, según los jueces Sudera y García Vior, se centran en que el DNU introduce «importantes modificaciones de aplicación inmediata en materia de interpretación de las normas, contratación laboral, modalidades contractuales, derechos y obligaciones de las partes, protección de la trabajadora embarazada y de la maternidad, jornada, protección contra el despido arbitrario, ruptura del contrato y sus consecuencias, discriminación y sus consecuencias, funcionamiento de las asociaciones gremiales, conflictos colectivos, etc.»
Asimismo, los jueces expresan que el DNU no presenta objetivamente la «necesidad» de adoptar tantas medidas, y cuestionan la falta de explicación sobre cómo estas reformas laborales, de aplicarse inmediatamente y fuera del proceso legislativo habitual, podrían abordar la problemática de la generación de empleo formal, especialmente cuando el propio decreto reconoce que el empleo se encuentra estancado desde hace 12 años.
