El dirigente de la Federación Nacional de Profesores del Uruguay, José Olivera, redactó un documento para la Internacional de Educación en el que da cuenta de la situación actual de la educación pública en la región y el declive de la inversión en el sector en Uruguay.
En primera instancia, Olivera señaló que en la región los presupuestos estatales en políticas públicas que garantizan derechos (educación, salud, vivienda, entre otras) están sujetas a ciclos económicos, por lo que ante cualquier signo negativo en la economía la primera reacción es a reducir los presupuestos en estas áreas, lo cual claramente repercute en forma negativa en garantizar derechos.
Por otro lado, destacó que en esta región ha avanzado con más fuerza el proceso de mercantilización y privatización de la educación. «Evidencias sustantivas surgidas a partir de investigaciones llevadas a cabo por la IE, en el marco de la Campaña de Respuesta Global frente a la privatización educativa, dan cuenta de ello. La disputa por los fondos públicos destinados a la educación por parte del sector privado, motivado por el lucro, es otro elemento importante a considerar», indicó.
La situación actual de la educación en Uruguay
EL sindicalista sostuvo que Uruguay no fue una excepción en este proceso, aunque rezagado con respecto a otros países, pasó de una inversión en la educación pública, que concentra el 84% de la matrícula en todos sus niveles, del 2,7 % del PBI en 2005 al 4,9 % del PBI en 2019.
Ello, a pesar de un contexto de fuerte ataque a la educación pública, promovida por los think-thank pro mercado educativo y amplificado por los medios masivos de comunicación.
A partir de marzo de 2020, con la instalación de un gobierno de coalición de derecha y extrema derecha en nuestro país, cuya base ideológica es neoliberal y conservadora, se ha promovido un recorte presupuestal de 0,6 % del PBI (unos U$S 150 millones); cambios institucionales que ha concentrado y privatizado la construcción de la política educativa pública; una transformación educativa bajo los mandatos del Banco Mundial, la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo; y un sistemático ataque mediático y persecución judicial a los docentes, sus organizaciones y dirigentes.
En base a estos datos, su organización, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES) desarrolló una intensa campaña que busca frenar el recorte presupuestal y exigir una mayor inversión; evidenciar y denunciar el proceso de mercantilización y privatización de la educación; denunciar los objetivos de la transformación educativa promovida por la actual administración que atenta contra la calidad de la formación de las futuras generaciones, en especial el acceso democrático al conocimiento; y el ataque a los docentes, sus condiciones de trabajo y desarrollo profesional y su exclusión de la elaboración de la política educativa pública.
