En los tres primeros años del actual gobierno colombiano, el país transitó de la pospandemia hacia una fase de estabilización macroeconómica con impactos mixtos en el mundo del trabajo. Según el análisis de la Escuela Nacional Sindical (ENS), si bien se registraron avances normativos y señales económicas favorables, el alcance de las transformaciones ha sido limitado por resistencias políticas, dificultades de ejecución y una concertación tripartita fragmentada.
El trabajo decente sigue siendo el eje estructural de las reformas del gobierno de Gustavo Petro, aunque con retos pendientes en su implementación territorial y en el monitoreo público.
La tasa de desempleo nacional se ubicó en 8,6% en agosto de 2025, la más baja para ese mes en más de dos décadas, según datos del DANE. Esta mejora se apoyó en sectores como manufactura, construcción y transporte, aunque con rezagos territoriales que impidieron una recuperación uniforme. En paralelo, el informe firmado por Indira Galtés, constata que la inflación se estabilizó en torno al 5% y el salario mínimo legal fortaleció la capacidad de compra de la clase trabajadora.
Reformas laborales y brechas en el trabajo decente
Sin embargo, la calidad del empleo continúa siendo el principal desafío. La informalidad se mantuvo en torno al 55%, afectando especialmente a trabajadores en ciudades intermedias y zonas rurales. A ello se suman modalidades laborales no tradicionales —como plataformas digitales y teletrabajo atípico— que aún no cuentan con cobertura universal en seguridad social ni con inspección efectiva.
Las brechas de género también persisten. En lo que va de 2025, la desocupación femenina ronda el 11,2%, frente al 7,0% de los hombres, con mayor impacto en jóvenes y en áreas rurales dispersas. La ENS subraya la necesidad de articular la política de cuidado con estrategias de empleo y formación, y de adoptar inspecciones con enfoque diferencial en sectores feminizados.
En el plano normativo, se destacan la expedición del Decreto 1527/2024, que adoptó la Política Pública de Trabajo Digno y Decente, y la aprobación de la Ley 2466 de 2025, que incorpora incentivos para el primer y último empleo, medidas de formalización y garantías para la negociación colectiva.
Diálogo social y proyecciones para el trabajo decente
La ENS advierte que el diálogo social ha sido el eslabón débil del proceso. Aunque se lograron acuerdos puntuales, la Comisión de Concertación no logró articular las reformas de manera integral. Por ello, la organización considera acertado priorizar decretos y resoluciones que garanticen continuidad más allá de los ciclos políticos.
Desde la perspectiva de derechos, se avanzó en el reconocimiento del sindicalismo como sujeto de reparación colectiva y en propuestas para ordenar la negociación colectiva en el sector privado. La ENS destaca la importancia de fusionar memoria, garantías de no repetición e inspección con enfoque de libertad sindical.
Con miras a 2026, la Escuela Nacional Sindical propone consolidar el trabajo decente mediante la implementación territorial de las reformas, el fortalecimiento del sistema de cuidado, y el seguimiento de indicadores clave como la cobertura en salud y pensiones, la reducción de la informalidad y el crecimiento sindical.
