En las últimas horas, la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas se prenunció frente al pedido del fiscal argentino, Sergio Morla, quien solicitó una pena efectiva de 12 años de prisión, que se la inhabilite de por vida para ejercer cargos públicos y el decomiso de los bienes de la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner.
“Reclamamos con firmeza el cese de las operaciones político-judiciales y el intento de proscripción contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner”, sentenció el comunicado de la confederación.
El documento reafirma la unidad de la clase trabajadora latinoamericana en la lucha contra este ataque, que ya se vivenció en el pasado, en otros países de la región con consecuencias graves para la democracia y los derechos humanos.
En ese sentido, la organización destacó la interrupción de procesos democráticos en otros países de la región: Brasil en 2016, Honduras en 2009, y en Paraguay en 2012.
El caso de Brasil lo exponen como “una articulación entre sectores conservadores del parlamento y del poder judicial, así como representantes de las elites dominantes y de los grandes medios de comunicación” para propiciar la destitución de Dilma Rousseff y la detención de Luiz Inácio Lula da Silva.
