La Confederación General del Trabajo (CGT) de Colombia emitió un contundente comunicado en rechazo a la reciente ola de atentados y asesinatos que han afectado a los guardias penitenciarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). El pronunciamiento, fechado el 8 de octubre de 2025, expone la grave situación de desprotección que viven los funcionarios.
En tan solo seis días, se registraron cuatro atentados en diferentes ciudades del país, incluyendo Cali, Palmira, Armenia y Bogotá. Estos hechos dejaron un saldo doloroso de «tres guardias asesinados y cinco heridos», siendo el caso más reciente el del dragoneante Jimmy Flores Salazar, asesinado en Cali.
La CGT lamentó que, pese a denuncias y llamados reiterados, la situación haya escalado a niveles tan alarmantes, reflejando la desprotección del Estado hacia los trabajadores.
La central sindical es enfática al señalar que «la vida de los Compañeros del INPEC, no puede ser moneda de cambio para generar espacios de Negociación de Paz» con grupos criminales, citando directamente a organizaciones como la INMACULADA. Según la CGT, esta desprotección evidencia la urgente necesidad de que el Estado adopte acciones efectivas para proteger la vida y la integridad de quienes cumplen con la difícil labor de custodiar los centros penitenciarios.
Exigencia Gremial por la Seguridad de los Penitenciarios
Por lo anterior, la CGT exige al Gobierno Nacional una «intervención inmediata y eficaz para garantizar la seguridad de los guardias penitenciarios». Esta demanda se complementa con el requerimiento de «investigaciones rápidas y rigurosas» para identificar y sancionar a los responsables de estos hechos violentos, asegurando justicia por los crímenes cometidos.
Además de la acción inmediata, la organización pide la implementación de medidas «preventivas y sostenibles que eviten nuevas agresiones y protejan a los trabajadores del INPEC». La central, cuya personería jurídica data de 1975, extiende su solidaridad a las familias de los guardias asesinados y a todos los funcionarios que, según el comunicado, viven hoy bajo el «temor y la incertidumbre».
La confederación concluyó su pronunciamiento con una potente frase que encapsula su llamado: «La vida de quienes sirven al país no puede seguir pagándose con sangre ni con indiferencia». El sindicato colombiano subraya que la respuesta del Estado ante esta crisis de violencia es crucial para restablecer la seguridad y la confianza de los funcionarios penitenciarios.
