La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) denunció públicamente graves deficiencias en la administración del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y la Fiduprevisora, responsables de garantizar el acceso a servicios de salud y el pago oportuno de prestaciones sociales a docentes. En un comunicado reciente, la federación exigió una serie de medidas concretas para subsanar las irregularidades detectadas.
Entre los puntos más críticos, FECODE señaló que persisten problemas administrativos y deficiencias en la atención a más de 820 mil afiliados al sistema de salud magisterial, “como también se evidencia el incumplimiento en los tiempos de ley para el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales”. Estos retrasos, según las declaraciones del sindicato, afectan directamente los derechos laborales consagrados en la Ley 91 de 1989, norma que creó el FOMAG como una cuenta especial adscrita al Ministerio de Hacienda.
El Comité Ejecutivo de Fecode insistió en la necesidad de ejercer un control efectivo sobre los recursos y procesos de contratación. La intención es garantizar “la implementación del modelo exceptuado, preventivo, con tratamientos integrales, sin preexistencias ni restricción de medicamentos”, asegurando así atención oportuna y digna tanto para los docentes como para sus familias.
El espacio sostuvo que los hallazgos fiscales por parte de la Contraloría General ascienden a $82 mil millones, incluyendo sanciones e intereses moratorios por incumplimientos en el pago de cesantías.
Frente a esta situación, FECODE exige investigaciones inmediatas para identificar responsabilidades disciplinarias y/o penales relacionadas con presuntos actos dolosos que han deteriorado el modelo de salud del magisterio. Asimismo, hizo un llamado urgente al Consejo Directivo del FOMAG para que se declare en sesión permanente y resuelva antes del 31 de julio una lista detallada de acciones, entre ellas la revisión del contrato fiduciario, la aprobación del manual tarifario y la implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
El espacio gremial de los docentes solicitó al Gobierno y a la Fiduprevisora para que, “legalmente y con diligencia”, se estabilice a partir del 1° de agosto próximo el servicio de salud y el pago de prestaciones sociales, tal como lo establece la normativa vigente.
