A partir de la expedición de la Ley 1221 de 2008 se sostuvo que Colombia era un país líder en la reglamentación, el monitoreo y la promoción del teletrabajo. Sin embargo, a partir de la presentación de un proyecto de ley en el Congreso, se evidenció que muchas normas no son acatadas y no son suficientes para evitar la precarización laboral.
La Agencia de información Laboral destacó la diferencia entre el teletrabajo y el trabajo en casa, el primero es una forma permanente de trabajo, y el segundo, una medida excepcional y temporal, lo cual implica que el contrato laboral entre las dos partes sigue siendo el mismo.
Desde el espacio informativo subrayan la perdida de las condiciones de protección por parte de las empresas y empleadores, en el momento que se incorporar la modalidad el trabajo en casa por la pandemia del coronavirus. También plantea cierta incertidumbre en cuanto a la continuidad de esta modalidad.
“Las decisiones tomadas por empresas y entidades públicas han tenido lugar en un marco legal confuso: no está claro qué derechos y obligaciones tienen las personas que trabajan en casa ni cuándo deberán volver a trabajar de forma presencial, si es que deben hacerlo”, destaca la agencia de información.
La OIT y otros organizaciones que luchan por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en ese país, exigen que se construya un marco legal para delimitar las obligaciones reales de los empleadores y los derechos de los empleados.
