Las personas trabajadoras de la educación de Argentina realizaron el 3 de agosto un paro nacional docente, acompañado por movilizaciones y distintas acciones en todo el país. La medida fue impulsada conjuntamente por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), con el apoyo de la Internacional de la Educación (IE) y el Comité Regional de la Internacional de la Educación América Latina (IEAL).
Entre las principales demandas se incluyeron la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, un aumento salarial para recuperar el poder adquisitivo, la restitución y el pago del FONID, el envío de fondos nacionales para educación a las provincias, una nueva Ley de Financiamiento Educativo y la defensa de las jubilaciones docentes. También se reclamó contra el proyecto de Ley de Libertad Educativa y las políticas que, según las organizaciones, desfinancian la escuela pública y afectan los derechos de las personas trabajadoras.
Respaldo internacional al reclamo docente
El eje de la jornada fue una movilización frente al Ministerio de Economía de la Nación, donde el sector docente reclamó políticas orientadas a garantizar el derecho social a la educación y el respeto a los derechos laborales. También participaron de la organización del paro la CONADU Histórica y ATE, según informó la IEAL.
El secretario general de la Internacional de la Educación, David Edwards, expresó su respaldo al movimiento docente argentino y afirmó que «la Internacional de la Educación intervendrá ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el brutal ataque contra la profesión docente por parte del gobierno de Javier Milei. El Gobierno argentino viola los Convenios 87 y 98 de la OIT sobre libertad sindical».
Por su parte, el Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina sostuvo que «el paro nacional de docentes del 3 de agosto está protegido no solo por la Constitución de la República Argentina, sino que está en consonancia con lo establecido en los Convenios 87, 98 y 151 de la Organización Internacional del Trabajo«. La organización también instó al Gobierno y a las autoridades argentinas a no aplicar sanciones, multas u otras medidas de represalia contra los sindicatos y trabajadores de la educación por su participación en la medida.
