Ecuador, al igual que varios de países de la región, enfrenta el desafío de alejarse de las recurrentes y cada vez más violentas crisis políticas, sociales y económicas. La última fue a finales de 2019 y le costó la presidencia a Lenin Moreno.
Al igual que el resto de los países, su economía sufrió mucho con la pandemia y los indicadores económicos se desplomaron. Hoy en día, si bien mantiene una recuperación algo tibia de su economía los nubarrones de la próxima crisis no están muy lejos. Sumado a esto el margen de maniobra del actual gobierno se encuentra reducido tras haber logrado un acuerdo con el FMI.
Hace pocas semanas el gobierno de Guillermo Lasso sufrió un traspié con su reforma tributaria al no ser tratada por la asamblea legislativa. Esta omisión, si bien habilitó al presidente a promulgar la norma por haber remitido el proyecto con carácter urgente, obturo el diálogo con la oposición.
Ya finalizado el 2021, Lasso ratifica su programa político y económico tratando de seducir a inversores del mundo. Es por esto por lo que, para tentar una lluvia de inversiones anunció que a comienzos de 2022 daría a conocer directamente a la sociedad los lineamientos de su reforma laboral.
A diferencia de la reforma tributaria la estrategia es otra: “No lo enviaré a la Asamblea, lo presentaré a la sociedad civil en enero, para que se produzca un gran debate, en sindicatos, trabajadores, gremios empresariales, la academia. En la medida que tomemos las observaciones, ir reformando el proyecto y planteando lo que la Asamblea esté dispuesta a aprobar”.
La propuesta promete funcionar en forma paralela al Código del Trabajo y busca incentivar la contratación legal, dando ciertas facilidades a los empresarios para que se vincule a quienes se encuentran en la informalidad o el desempleo, principalmente jóvenes y mujeres, según informaron.
Lasso pretende aprovechar algo de legitimidad, que aún mantiene, lleva tan solo 6 meses en el gobierno y su campaña de vacunación elevó su imagen positiva. “Nadie se ha atrevido a plantear una reforma como la que nosotros estamos planteando, partiendo de la realidad de que el 70 % de las personas no tienen empleo pleno”, señaló el mandatario. Destinando entre 90 y 120 días a la discusión pública cree que generará el suficiente apoyo popular.
Según Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, el 42% de los ecuatorianos vive en condiciones de pobreza y de ellos el 35% está en condiciones de extrema pobreza, buena parte de esto tiene su origen en las olas de despidos en 2018 y 2019 en la administración pública. A su vez, esto se vio agravado por la pandemia y en la agenda pública debería estar reducir los niveles de pobreza, la desigualdad social y generar empleo de calidad.
Desde el frente opositor, donde hay organizaciones sociales, la confederación indígena y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), todas las recetas del FMI son rechazadas por igual. De hecho, el éxito de cualquiera de estas medidas es tomado como un fracaso propio.
Desde el FUT anticiparon que, parte de los gremios de trabajadores no se apoyará la propuesta de Lasso, ya que consideran que provocará precarización laboral, retroceso en derechos y permitirá que existan trabajadores de primera y segunda categoría, por lo que insistirán en la Reforma al Código de Trabajo que ellos entregaron el pasado 20 de octubre a la Asamblea.
La situación social de Ecuador será el primer condicionante para la aprobación de la reforma laboral. El crimen organizado, la violencia en las calles y cárceles ponen el pulso político por estos días, la próxima crisis institucional se encuentra a la vuelta del 2022 y el régimen laboral es un excelente catalizador del descontento social.
