Una misión internacional integrada por organizaciones sindicales regionales y globales inició una visita en Ecuador para relevar denuncias vinculadas a libertad sindical, negociación colectiva y derechos laborales, en un contexto donde representantes gremiales alertaron sobre posibles incumplimientos de convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La delegación permanecerá en el país entre el 11 y el 13 de mayo con el objetivo de escuchar testimonios, documentar casos y mantener reuniones con instituciones estatales y organizaciones de trabajadores. El comunicado de la misión sostiene que Ecuador “se encuentra en peligro de que se active el artículo 26 de la Constitución de la OIT” debido a “violaciones sistemáticas y permanentes” de la libertad sindical y el derecho de organización.
Marcelo Di Stefano, representante de la CSA, señaló que Ecuador registra “el mayor número de denuncias ante la OIT”, mientras que Jordania Ureña, secretaria general adjunta de la Confederación Sindical Internacional (CSI), afirmó que en el país existen “despidos masivos y limitaciones para la asociación sindical”, pese a la imagen institucional proyectada internacionalmente.
Ecuador y las denuncias sobre libertad sindical
La misión sindical también advirtió sobre denuncias relacionadas con persecución a dirigentes, despidos antisindicales, criminalización de la protesta social y reformas laborales impulsadas sin diálogo, aspectos que —según indicaron— afectan el ejercicio pleno de derechos colectivos en Ecuador.
El documento difundido por la CSA remarca que las organizaciones sindicales consideran que el Estado incumple los Convenios 87 y 98 de la OIT, vinculados a libertad sindical y negociación colectiva. En ese marco, los representantes sostuvieron que “si no hay diálogo” y continúan cerrados “los canales institucionales”, podrían recurrir a mecanismos internacionales de control previstos dentro del sistema de la OIT.
La agenda de la misión incluye además reuniones con la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional y el Ministerio de Trabajo. “La libertad sindical no es una concesión del Gobierno ni un trámite administrativo. Es un derecho humano fundamental”, sostiene el comunicado difundido por la confederación.
