Los docentes de la red estatal de educación de Rio Grande do Sul resolvieron convocar dos nuevas jornadas de huelga para los días 16 y 23 de julio, en rechazo al proyecto de asociación público-privada (APP) promovido por el gobierno del gobernador Eduardo Leite. Según informó la CUT Brasil, la iniciativa contempla transferir durante 25 años la administración de 98 escuelas estatales al sector privado, manteniendo únicamente la gestión pedagógica bajo responsabilidad del Estado.
La decisión fue adoptada durante una asamblea convocada por el Sindicato Cpers frente al Palacio Piratini. De acuerdo con la presidenta del gremio, Rosane Zan, las jornadas de protesta buscarán ampliar el debate sobre el futuro de la educación pública. «Los días 16 y 23, es momento de dialogar con la sociedad», afirmó la dirigente, quien sostuvo que ambas fechas estarán marcadas por «una gran movilización en todo el estado».
El sindicato mantiene la disputa en las calles y en la Justicia
Además de las medidas de fuerza, el sindicato continúa impulsando acciones judiciales para cuestionar el proyecto. Según la información difundida por la central brasilera, la Justicia otorgó un plazo al Gobierno de Rio Grande do Sul y al Tribunal de Cuentas del Estado para responder a las presuntas irregularidades señaladas por el gremio en el proceso de licitación. Mientras tanto, el análisis de la solicitud para suspender la subasta fue postergado hasta recibir esos informes.
Rosane Zan indicó que el sindicato continúa a la espera de una resolución judicial. «Presentamos una demanda colectiva ante el Tribunal de Justicia y, hasta el momento, no hemos recibido respuesta del juez», señaló. La dirigente agregó que la organización evaluará los próximos pasos una vez conocidos tanto el resultado de las movilizaciones como el avance del proceso licitatorio.
Según la CUT Brasil, el proyecto del Gobierno prevé que empresas privadas asuman durante 25 años servicios como mantenimiento, limpieza, alimentación escolar y seguridad en 98 escuelas públicas, mientras que la Secretaría de Educación sostiene que la conducción pedagógica permanecerá bajo la órbita estatal.
