Misión sindical internacional en Colombia: denuncian amenazas a gremios y posibles despidos masivos

Durante una misión internacional, la CSI y la ISP denunciaron un escenario de amenazas contra organizaciones sindicales y cuestionaron las propuestas de reducción del Estado. La delegación advirtió sobre posibles despidos masivos, privatizaciones y un debilitamiento de los servicios esenciales.

Las denuncias de violencia contra organizaciones sindicales y las propuestas de reducir el empleo público concentraron las preocupaciones de la misión sindical internacional que visitó Colombia los días 29 y 30 de octubre. La delegación, integrada por representantes de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Internacional de Servicios Públicos (ISP), denunciaron amenazas a dirigentes y organizaciones, posibles retrocesos en las garantías sindicales y el impacto que podrían tener los recortes estatales sobre trabajadores y comunidades.

Luc Triangle, secretario general de la CSI, señaló que las organizaciones afiliadas denunciaron amenazas por parte de la Policía y de empleadores, además de un incremento de la violencia contra quienes participan en movilizaciones. También expresó preocupación por la posibilidad de que organizaciones sindicales sean calificadas como terroristas durante las protestas. «No queremos volver a los tiempos oscuros en Colombia, en los que los sindicalistas fueron asesinados», sostuvo. Triangle también cuestionó la reforma laboral y afirmó que la delegación seguirá observando su implementación y las condiciones en las que trabajan las organizaciones gremiales.

Recortes al Estado: la advertencia sobre 700.000 empleos públicos

Luc Triangle, secretario general de la Confederación Sindical Internacional (CSI), expresó su preocupación por las denuncias recibidas de las organizaciones sindicales colombianas. Según relató, los afiliados reportaron amenazas por parte de la Policía y de empleadores, además de un aumento de la violencia contra quienes participan en movilizaciones. «Las organizaciones de miembros, cuando van a las calles, pueden ser llamadas organizaciones terroristas», advirtió. También cuestionó la reforma laboral y sostuvo que el escenario representa un riesgo para las garantías democráticas y los derechos de los trabajadores.

Durante su intervención, recordó los antecedentes de violencia contra el sindicalismo colombiano y planteó: «Lo que no queremos es volver a los tiempos oscuros en Colombia, en los que los sindicalistas fueron asesinados». Tras el encuentro con la ministra de Trabajo, manifestó sus reservas frente al diagnóstico oficial sobre la situación laboral: «Honestamente, no la creo en el momento». Finalmente, señaló que la delegación continuará observando lo que ocurra con los trabajadores y las organizaciones sindicales en los próximos meses y años.

Por su parte, Daniel Bertossa, secretario general de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), puso el foco en las propuestas gubernamentales de reducción del Estado. Según las cifras que expuso durante la misión, el presidente habría planteado reducir los servicios públicos un 40 %, cerrar, fusionar o privatizar hasta 136 organismos y avanzar con medidas que podrían provocar el despido de hasta 700.000 trabajadores. «No aceptamos la retórica de que los trabajadores de servicios públicos son ineficientes o desagradables», afirmó. En contraposición, destacó que son quienes garantizan servicios esenciales como la educación, la salud, el agua y la asistencia social, y quienes «mantienen al Gobierno bajo control y detienen la corrupción».

El dirigente también señaló que la delegación se reunió con la ministra de Trabajo para conocer sus objetivos y solicitar garantías de que los recortes no avanzarían. Sin embargo, aseguró que no recibieron esos compromisos: «A pesar de nuestras solicitudes y durante la reunión, y a pesar de su bastante larga declaración pública, no recibimos ninguna de estas garantías de la ministra».

Bertossa advirtió que las medidas podrían reducir las oportunidades laborales de las mujeres, aumentar la precariedad y debilitar la capacidad estatal para responder ante emergencias. En ese sentido, recordó las dificultades para disponer de personal suficiente durante los terremotos y sostuvo que «los recortes de este tamaño solo harán a la comunidad más insegura». Frente a ese escenario, reclamó «inversión en servicios públicos para la gente, sin privatización» y protección para los trabajadores y sus organizaciones sindicales.

Durante la misión, la delegación también mantuvo un encuentro con el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, en el marco de las reuniones con actores políticos y sociales. La misión sindical en Colombia concluyó con el compromiso de continuar monitoreando la situación y acompañar a las organizaciones locales frente a las denuncias de violencia, las amenazas a la libertad sindical y las posibles transformaciones del empleo público.

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