En un reciente y preocupante incidente, Óscar Llanquilef Cabrera, trabajador de la obra del Puente del Canal de Chacao, sufrió graves lesiones, revelando las complejas y peligrosas condiciones laborales que enfrentan los trabajadores. Este accidente ha puesto en evidencia la falta de fiscalización por parte del Estado, que actúa como mandante de esta obra.
La Central Unitaria de Trabajadores emitió una declaración pública en la que expresa su profunda preocupación y exige que se asuman responsabilidades: «Hacemos un llamado al Ministerio de Obras Públicas a que asuma la responsabilidad de los hechos al ser mandante de las obras del Puente del Canal de Chacao y no llevar a cabo una permanente y detallada fiscalización del progreso de las obras».
La organización también subrayó la necesidad de que los organismos estatales prioricen el cuidado de los trabajadores, asegurando el cumplimiento de los protocolos de seguridad, prevención y salud en el trabajo. «Creemos que los diferentes organismos del Estado deben darle prioridad al cuidado de las y los trabajadores y el cumplimiento de protocolos de seguridad», agregó la misiva.
El comunicado responsabiliza directamente a la empresa Hyundai, encargada de ejecutar las obras, destacando su historial de incumplimientos de derechos laborales y de seguridad en sus operaciones a nivel mundial.
«Es necesario revisar el actuar de la empresa Hyundai como ejecutor de las obras en cuestión, dado que cuenta con un historial de incumplimientos de derechos laborales y de protocolos de seguridad», exige la central sindical.
Este accidente, según la CUT, es un claro indicio de las deficiencias en materia de fiscalización por parte del Ministerio de Obras Públicas. Por ello, instó al presidente Gabriel Boric a tomar medidas urgentes. «Exigimos al presidente Gabriel Boric que tome cartas en el asunto y exija una investigación profunda de los hechos», solicitó la CUT.
Finalmente, la CUT ha demandado a la ministra Jessica López que instruya una revisión exhaustiva de todos los procesos y protocolos de fiscalización y seguridad en la ejecución de obras licitadas. «No deben ser las y los trabajadores quienes sufran las consecuencias de la omisión de los organismos del Estado en estas materias», concluyó el documento.
