El Ministerio del Trabajo de Colombia informó que brindó acompañamiento a la Asociación Sindical Agropecuaria del Orden Nacional (ASADON), luego de que la organización denunciara actos de estigmatización y señalamientos tras su constitución legal. Según el comunicado oficial, la cartera laboral verificó que el sindicato cumple con los requisitos establecidos por la ley y recibió a sus representantes para atender las denuncias presentadas.
De acuerdo con el pronunciamiento, la situación se produjo luego de las declaraciones del ministro de Agricultura designado, Indalecio Dangond, quien solicitó investigar la conformación del sindicato. Frente a ello, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó: «Es de suma gravedad que el círculo cercano a quien asumirá la Presidencia este 7 de agosto lance este tipo de estigmatizaciones y posturas abiertamente antisindicales. ¿Desde cuándo constituir un sindicato es un delito o una conducta que deba investigar la Procuraduría?».
El Ministerio anunció vigilancia para proteger la libertad sindical
Según el comunicado, los delegados de ASADON solicitaron asesoría directa al Ministerio del Trabajo con el propósito de defender sus derechos, hacer frente a los señalamientos de la nueva administración y proteger a los funcionarios sindicalizados y en proceso de sindicalización. En ese marco, la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Muñoz, señaló: **»Ante las presentes denuncias de actividades antisindicales, esperamos que el sindicato tenga las garantías para seguir existiendo, y hacemos un llamado a los entes responsables para que protejan a la organización».
Asimismo, el Ministerio del Trabajo informó que mantendrá «un esquema de vigilancia activa frente a cualquier actitud o actividad que atente contra los derechos de las y los trabajadores» y que evalúa la adopción de medidas de protección para garantizar los derechos fundamentales de asociación sindical.
Finalmente, la cartera laboral recordó que el derecho de asociación y la conformación de sindicatos constituyen una garantía fundamental protegida por la Constitución y los convenios internacionales, por lo que las instituciones del Estado están llamadas a respetar y asegurar su libre ejercicio, «sin presiones, señalamientos, ni perfilamientos institucionales», según concluye el comunicado oficial.
