La Asociación Nacional de Funcionarios Públicos (ANEF) presentó el 5 de agosto de 2026, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su preocupación por el impacto de los recortes al Estado chileno sobre los servicios públicos, los trabajadores del sector y las personas que dependen de ellos. La presentación se realizó en Washington D.C. y contó con el respaldo de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y de organizaciones sindicales de Estados Unidos afiliadas.
En representación de ANEF, la dirigenta nacional Nuvia Guajardo sostuvo que distintas decisiones adoptadas desde marzo de 2026 han reducido la capacidad estatal para garantizar derechos fundamentales. Según la organización, el proceso no se limita a medidas de austeridad fiscal, sino que comprende una regresión presupuestaria, institucional, programática y simbólica.
Entre los antecedentes expuestos se mencionó el Decreto Supremo N.º 338, que estableció un recorte transversal del 3% al gasto público, con efectos señalados sobre contrataciones, programas y recursos destinados a políticas públicas.
Servicios públicos: ANEF expuso impactos en programas y derechos
Durante la audiencia, la organización presentó ejemplos de las consecuencias que atribuye a estas medidas, entre ellos la eliminación de programas preventivos de SENDA, la suspensión de simulacros de emergencia coordinados por SENAPRED y el riesgo de interrupción de encuestas del Instituto Nacional de Estadísticas. También señaló reducciones presupuestarias y de personal en el Instituto Nacional de la Juventud, recortes en programas culturales y limitaciones para el SENCE en materia de empleo e inclusión laboral.
ANEF también planteó ante la Comisión su preocupación por un supuesto retroceso en la institucionalidad vinculada a los derechos humanos, incluyendo cambios en la planificación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A su vez, cuestionó la legalidad del mecanismo utilizado para implementar los recortes presupuestarios y expresó reparos sobre el rol de la Contraloría General de la República frente a los despidos y no renovaciones de contratos.
