La confederación destacó que "la inconstitucionalidad del contrato minero es una respuesta al agravamiento de la situación social y política y las amenazas crecientes a la libertad sindical en Panamá".
Según la investigación, particularmente en Brasilia, un diagnóstico preliminar identificó 27 problemas claves relacionados con el cierre y se contabilizaron 17 organismos gubernamentales con un papel en el proceso.
Las participantes coinciden en destacar que, el Estado colombiano, tiene la obligación de avanzar y materializar espacios que estén libres de violencias hacia las mujeres.
