Los participantes también demandaron que las normativas laborales sean consensuadas previamente con las organizaciones sindicales para garantizar la defensa de los derechos laborales.
La situación ha generado un grave impacto en la población civil, con confinamientos y desplazamientos masivos, especialmente entre docentes, estudiantes y comunidades educativas.
La central denunció que la respuesta de la empresa ha sido represalias contra ocho empleados sindicalizados, acusándolos falsamente de un supuesto "secuestro de directivos".
Los representantes recalcaron que estos trabajadores enfrentan las mismas dificultades económicas que otros sectores y deben ser reconocidos por su aporte al sistema de salud.
