La propuesta incluye crear una malla curricular universitaria específica, con énfasis en derechos constitucionales, convenios internacionales y gestión financiera de los sistemas de protección.
Los sindicatos exigen reducir la jornada laboral a 40 horas sin pérdida salarial, mayor inclusión de mujeres en el sector y formación profesional acorde a un nuevo modelo productivo.
