El Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL) emitió el 26 de septiembre un comunicado en el que expresa su rechazo al proceso de criminalización iniciado por el gobierno ecuatoriano contra Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE). La organización sindical internacional considera que esta medida vulnera derechos fundamentales y representa una amenaza para la democracia y la libertad de expresión.
En el documento, firmado por la directora regional Gabriela Bonilla, IEAL afirma que “la criminalización de la protesta social y de los dirigentes sindicales constituye una grave violación a los derechos humanos”.
La organización subraya que el caso de Quishpe se enmarca en un contexto de creciente hostilidad hacia el movimiento sindical y educativo en Ecuador, y que debe ser abordado con responsabilidad institucional.
Criminalización y defensa del derecho a la protesta en el sector educativo
El comunicado cuenta con el respaldo de organizaciones como FUTT, FENOCIN y FEUE, que se suman al llamado de solidaridad y respeto por los derechos de los educadores. La IEAL exige al gobierno ecuatoriano que garantice el ejercicio legítimo de la protesta social y que se abstenga de utilizar mecanismos judiciales para perseguir a quienes defienden la educación pública y los derechos laborales.
