Según la información suministrada por varios espacios sindicales en ese país, la condena se emitió en un juicio arbitrario y sin pruebas que den cuenta que hubo un delito.
La directiva de la Unión Ferroviaria decidió implementar una campaña de solidaridad y recaudación de fondos para apoyar a los trabajadores lesionados y sus familias.
Funcionarios de la Administración Nacional de Educación Pública se comprometieron a detener la suspensión de la investigación a docentes y a acatar el pedido de que se conserve el salón gremial a los estudiantes.
