El informe cuestiona la criminalización de la huelga y el tratamiento del delito de paralización de servicios públicos como una forma de persecución a la protesta laboral.
El espacio destacó que su objetivo principal es mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan bajo plataformas digitales y ampliar la red de contactos en la región.
El Sindicato de la Universidad de Panamá también expresó preocupación por la gestión administrativa de la universidad, señalando deficiencias en la ejecución del presupuesto para infraestructura.
