La dirigencia recordó que la falta de diálogo con las autoridades en el pasado solo contribuyó a agravar la crisis actual en la red asistencial municipal.
Según la CSI, estas compañías se escudan en ser meras intermediarias tecnológicas para evadir obligaciones relacionadas con remuneración justa y licencias por enfermedad o pensiones.
La decisión fue tomada en una asamblea general que contó con la participación de los secretarios generales de los 60 sindicatos que conforman la CONTUA.
