Desde la central sindical y otros sectores movilizados —entre ellos sindicatos del transporte, asociaciones vecinales, organizaciones campesinas y sociales— se sostiene que el decreto implica una transferencia directa del ajuste fiscal hacia los trabajadores y los sectores de menores ingresos.
Mientras las principales centrales sindicales destacan el impacto positivo del ajuste en los ingresos y el consumo, otros sectores advierten sobre posibles efectos en la informalidad, las pequeñas empresas y la sostenibilidad del empleo.
La organización sindical advirtió que la alta proporción de trabajadores y trabajadoras a honorarios y a contrata —que alcanza aproximadamente al 80% del empleo público— genera un escenario de incertidumbre permanente.
Fuentes sindicales destacan que la medida cuenta con adhesión mayoritaria, lo que indica una coordinación amplia entre gremios para reforzar la protesta contra lo que consideran un retroceso en políticas sociales.
