La jueza de garantías rechazó la solicitud de la Fiscalía para extender por un año más la investigación vinculada al caso Red Frog, una causa en la que se encuentran involucrados dirigentes del sindicato panameño Suntracs por presuntos delitos de estafa relacionados con el proyecto turístico. De acuerdo con el comunicado difundido por la organización sindical, la decisión judicial implica que el proceso deberá continuar dentro de los plazos originalmente establecidos por la ley.
Según el comunicado de la organización sindical panameña (Suntracs), la jueza de garantías negó la solicitud fiscal de prórroga. De este modo, la investigación continuará abierta en sus términos actuales. En su balance, el Suntracs destacó que la decisión judicial constituye “un nuevo revés para la persecución judicial contra dirigentes sindicales”.
El escrito afirma además que la Fiscalía “fracasó en su intento” de prolongar indefinidamente la pesquisa, describiendo la resolución como un golpe a la estrategia del Ministerio Público en este caso.
En la audiencia, la defensa y la Fiscalía expusieron sus argumentos: el Ministerio Público solicitó más tiempo para tomar declaraciones a más de 400 obreros y completar peritajes, pero la jueza Jaén recordó que ya se había concedido una prórroga previa en 2025. Consideró que el tiempo adicional concedido fue “suficiente para culminar las diligencias de investigación”, según transcribió el sindicato. Tras escuchar las partes, la magistrada estimó que no había fundamentos nuevos para ampliar el plazo.
Investigación del caso Red Frog pierde prórroga solicitada
Suntracs destacó que la investigación “se sigue contra un dirigente sindical de 72 años y otras personas, a quienes se les atribuyen presuntos delitos de estafa”. Con ello, el proceso penal contra los líderes del sindicato permanece en curso bajo el límite inicial fijado por la ley. El comunicado recuerda que las fincas en disputa fueron entregadas a los obreros como parte de un acuerdo laboral legítimo, y enfatiza que el caso nació en el ámbito laboral y no criminal.
El espacio señaló que la resolución judicial es un “duro revés para la estrategia del Ministerio Público” de seguir prolongando el caso. Reiteró que la investigación debe ceñirse estrictamente a la prueba, respetando las garantías procesales de todos los involucrados.
