Con una adhesión que superó el 93% en los consultorios de atención primaria, culminó el paro nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores CUT, el pasado 28 de noviembre.
Gabriela Flores, presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal CONFUSAM, lideró las demandas del sector, interpelando al gobierno por lo que calificó como un incumplimiento de sus compromisos con la salud pública. “El presidente prometió fortalecimiento del trabajo público y de la atención primaria, y hoy no cumple con ninguno”, declaró Flores.
La jornada de movilización estuvo marcada por el rechazo al congelamiento del presupuesto para la salud primaria, aprobado recientemente por el Congreso. Según Flores, esta decisión afectará gravemente a los municipios.
“Congelar el presupuesto tendrá consecuencias desastrosas para los alcaldes que recién asumirán, porque los recursos no alcanzarán para cubrir las necesidades de salud en sus comunas”, señaló la dirigenta durante la marcha que recorrió la Alameda en Santiago.
Otro foco de protesta fue la decisión de Dorothy Pérez, contralora propuesta por el gobierno, de desestimar la figura de “confianza legítima” en los despidos de funcionarios municipales, lo que podría dejar a miles de trabajadores en una situación de vulnerabilidad laboral.
Flores calificó esta acción como una amenaza directa a la estabilidad de los empleados públicos, especialmente en los periodos de cambio de alcaldes. “Rechazamos esta decisión mezquina, que pone en riesgo la continuidad laboral de miles de funcionarios en todo el país”, afirmó.
“Hoy marchamos por un reajuste decente del 3% real para el sector público y por más estabilidad laboral. No permitiremos que los cambios de gobierno comunales y regionales se transformen en carnicerías laborales”, sostuvo Acuña en el punto final de la manifestación en la estación Los Héroes del Metro.
La CONFUSAM y la CUT solicitaron al Ejecutivo rectificar sus decisiones y establecer un diálogo efectivo para resolver las demandas laborales y garantizar la estabilidad de los servicios públicos esenciales.
