Abogados laboralistas alertan sobre el avance de la extrema derecha y el retroceso de derechos

En una declaración aprobada en Valparaíso, la ALAL advirtió sobre los riesgos para el Estado de Derecho, la protección laboral y la organización sindical. También cuestionó el uso de algoritmos para profundizar la precarización y reclamó garantías sociales universales.

La Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL) expresó su preocupación por el avance de la extrema derecha en América Latina y sus posibles consecuencias sobre los derechos democráticos, sociales y laborales. En la Declaración de Valparaíso, fechada el 7 de noviembre durante el Encuentro Latinoamericano de Abogados y Abogadas Laboralistas (ELAT), sostuvo que «la extrema derecha no es un accidente, sino una respuesta autoritaria del capital para disciplinar a los pueblos en momentos de crisis».

El documento advierte que esta disputa no se limita al terreno político, sino que también alcanza las condiciones materiales de vida. Entre los procesos cuestionados menciona la privatización de la salud, la educación y la seguridad social, junto con la flexibilización laboral. Según la declaración, existe una reconfiguración de los derechos sociales que amenaza su carácter universal y podría condicionarlos a factores como la nacionalidad, la alineación ideológica o la conducta penal.

Digitalización, precarización y debilitamiento sindical

La declaración también advierte sobre el impacto de la digitalización en las relaciones laborales. Según ALAL, «esta ofensiva capitalista utiliza la digitalización y el sesgo de los sistemas algorítmicos no solo para profundizar la precarización y la deslaboralización encubierta bajo falsos autonomismos». El documento sostiene que estos procesos fragmentan la identidad colectiva de los trabajadores y debilitan su capacidad de organización sindical.

Frente a este escenario, los abogados laboralistas plantean la necesidad de garantizar condiciones de trabajo dignas y políticas públicas que protejan los derechos sociales. Entre sus demandas, la declaración incluye «garantizar salarios que aseguren el derecho a una vida digna» y reclama «políticas públicas que aseguren la vivienda, la salud pública, la jornada laboral digna y la justicia socio-ambiental».

El documento concluye con un llamado a fortalecer la defensa de los derechos democráticos y laborales frente al avance de la extrema derecha y las distintas formas de precarización.

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