El sindicalismo docente latinoamericano reunió a representantes de distintos países entre el 5 y el 7 de noviembre en Bogotá, Colombia, para debatir el futuro de la educación pública. El VIII Encuentro del Movimiento Pedagógico Latinoamericano «Stella Maldonado», que coincidió con el 15.º aniversario de su creación, concluyó con la aprobación de la Declaración de Bogotá, un documento que plantea demandas frente a la privatización educativa, el deterioro de las condiciones laborales y la creciente influencia de las grandes corporaciones tecnológicas.
La Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Brasil participó con una delegación de 100 representantes de sus sindicatos afiliados. Su presidenta, Fátima Silva, destacó la continuidad del compromiso internacional de la organización: «CNTE siempre ha tenido una sólida tradición internacional. Desde sus inicios, ha formado parte de la Internacional de la Educación. Y hace quince años, CNTE estuvo presente en la fundación del Movimiento Pedagógico Latinoamericano. Y hoy estamos aquí». También afirmó que llevarán las resoluciones a sus organizaciones de base para fortalecer la defensa de la educación pública y los derechos de sus trabajadores.
Financiamiento educativo, derechos laborales y soberanía digital
La Declaración de Bogotá cuestiona la privatización y comercialización de la educación, la falta de inversión pública y el deterioro de los salarios docentes y las condiciones laborales del personal educativo. Entre sus principales demandas, las organizaciones reclaman destinar al menos el 6% del PIB y el 20% de los presupuestos nacionales a educación pública, garantizar salarios justos, fortalecer la negociación colectiva y respetar el derecho a huelga. También exigen detener y revertir los procesos de privatización tanto en la educación básica como en la universitaria.
Otro de los puntos centrales es la influencia de las grandes corporaciones tecnológicas y el avance de la inteligencia artificial sin regulación. El documento advierte que estas transformaciones pueden comprometer «la soberanía digital, la privacidad y la autonomía pedagógica» de los trabajadores de la educación. En ese sentido, reclama regulación pública de las nuevas tecnologías y sostiene que «ninguna corporación tecnológica puede decidir el futuro de la educación pública». También propone medidas para proteger a los estudiantes de la dependencia adictiva a la inteligencia artificial y sus posibles daños cognitivos.
La directora de la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL), Gabriela Bonilla, reivindicó el papel de los sindicatos más allá de la representación laboral y los definió como actores políticos en la disputa por el modelo educativo. «Los sindicatos de la educación son los actores políticos que defienden la pedagogía, el currículo y los contenidos para la Latinoamérica que queremos. Nunca nos rendimos en la batalla cultural ni en la lucha de clases», afirmó. La declaración también plantea ampliar la participación de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, poblaciones afrodescendientes y personas LGBTIQ+ en las organizaciones sindicales.
