La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Chile presentó el 4 de noviembre su pliego para la negociación colectiva del sector público, con un pedido de reajuste nominal del 6,3%, equivalente a un incremento real del 2%. La propuesta, entregada en el Palacio de La Moneda, también reclama mejoras en los ingresos mínimos del Estado, estabilidad laboral y garantías para el ejercicio de la libertad sindical.
El documento plantea reducir las desigualdades entre los distintos sectores de la administración pública mediante la nivelación de remuneraciones y beneficios. También exige «prevenir las desvinculaciones arbitrarias» y garantizar «la libertad sindical, la negociación colectiva y la indemnidad remuneratoria» de quienes ejercen la representación gremial. La agenda incluye, además, avanzar hacia una jornada de 40 horas semanales y establecer una regulación permanente del teletrabajo «sin pérdida de ingresos ni intensificación laboral».
Negociación del sector público en Chile: jornada de 40 horas y estabilidad laboral
El pliego incorpora reclamos vinculados con la salud física y mental, la igualdad de género, la corresponsabilidad y el cuidado infantil. En materia salarial, la CUT sostiene que el reajuste general no alcanza para corregir las diferencias existentes y reclama que los ingresos mínimos del Estado tengan un incremento superior. La propuesta también exige que el aumento cuente con «financiamiento fiscal íntegro y oportuno».
La presentación se produce en un contexto de discusión sobre el financiamiento y las condiciones de funcionamiento de los servicios públicos. En ese sentido, las demandas de la CUT coinciden con otros reclamos sectoriales, como los planteados por los trabajadores de la Atención Primaria de Salud, que cuestionaron los recursos previstos para 2027 y sus efectos sobre los establecimientos y el personal.
Tras entregar el documento, la central convocó a sus organizaciones de base a difundir el pliego y preparar la participación durante el proceso. «La unidad y la participación de las y los trabajadores serán fundamentales para respaldar nuestras demandas», señala el comunicado.
El Gobierno quiere convencernos de que achicar el Estado nos beneficia a todos y todas. Pero detrás de cada recorte hay una sala de clases sin profesora, un centro de salud sin enfermero y una familia que sigue esperando su subsidio para la vivienda.
El ajuste no golpea a quienes pueden pagar colegios, clínicas y créditos privados. Golpea a la mayoría de la ciudadanía, que depende de lo público para educar a sus hijos e hijas, atenderse en salud y tener un techo. El Presupuesto 2027 lo deja claro. Recorta en un 34,7% las políticas de empleo y deja a la capacitación pública con casi la mitad de sus recursos, en un país con más de un millón de personas sin trabajo.
Por eso lo decimos con claridad. El recorte lo pagan las familias trabajadoras. Desde la CUT seguiremos defendiendo un Estado que garantice derechos, con diálogo y movilización.
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