Jornadas de nueve horas, falta de pago de la prima por antigüedad y amenazas contra trabajadores que buscan sindicalizarse forman parte de las denuncias de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) contra Blue Cross & Blue Shield en Uruguay. El conflicto comenzó hace aproximadamente dos meses, cuando el personal decidió organizarse ante cambios contractuales que, según el sindicato, afectarían sus salarios y condiciones de trabajo.
El secretario general de la FUS, Marcos Franco, explicó que la empresa pretendía modificar la composición de los salarios mediante el desglose del pago por antigüedad y de las horas extras. Según sostuvo, los trabajadores cumplen jornadas de nueve horas, pese a que el laudo del sector establece siete, y tampoco reciben la prima correspondiente a sus años de servicio. Tras una denuncia y una inspección del Ministerio de Trabajo, la organización afirma que la empresa intentó avanzar unilateralmente con esos cambios.
Blue Cross: denuncian amenazas y obstáculos a la libertad sindical
El espacio también cuestiona que la empresa desconozca a la organización y no habilite instancias de negociación colectiva. «Lo que sí funciona es la política del apriete», afirmó Franco, al denunciar presiones y advertencias de despidos contra quienes se niegan a firmar nuevos contratos. El dirigente también sostuvo que «la empresa desconoce a la organización sindical y no habilita ámbitos de negociación y discusión bipartita».
La situación adquiere otra dimensión por la composición de la plantilla: más del 90% son mujeres, según la FUS. Por su parte, representantes del sindicato afirmaron que el documento propuesto fue considerado «nulo y abusivo» por sus asesores legales y denunciaron «discriminación hacia quienes se negaron a firmarlo y amenazas de pérdida del puesto de trabajo».
Los trabajadores señalaron que agotaron las instancias de diálogo y describieron la situación como «una especie de isla jurídica dentro de la empresa». Frente a las denuncias, la FUS anunció que solicitará reuniones con los ministerios de Trabajo y Salud Pública, llevará el caso al Parlamento y no descarta acciones legales.
«Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que no se vulnere ningún derecho laboral y se respete la libertad sindical», afirmó Franco.
