El proyecto de «Ley de Rescate» del Gobierno colombiano enfrenta el rechazo del Comando Nacional Unitario (CNU), que advierte sobre un posible recorte de más de 700.000 empleos públicos y una ampliación de los bienes y servicios alcanzados por el impuesto al valor agregado (IVA). En un pronunciamiento fechado el 20 de octubre, las centrales sindicales cuestionaron que el ajuste fiscal pueda trasladar sus costos a los trabajadores y las familias, mientras se reducen las capacidades del Estado para garantizar servicios esenciales.
El documento sostiene que la iniciativa busca ampliar la base del IVA, incorporando productos y servicios que actualmente están excluidos o exentos y otros que tributan al 5 %. «Subir el IVA es tocar el bolsillo de los trabajadores, campesinos y familias en general», advierte el CNU. También cuestiona el artículo 7, que permitiría al Ejecutivo reorganizar entidades, trasladar funciones y modificar plantas de personal, incluso mediante la supresión de cargos ocupados. Para las organizaciones, estas facultades podrían debilitar la estabilidad laboral y la continuidad de los servicios públicos.
700.000 empleos públicos y cambios en salud bajo cuestionamiento
La advertencia sindical coincide con los planteos realizados días atrás por la misión internacional de la CSI y la ISP en Colombia. Durante esa visita, Daniel Bertossa, secretario general de la ISP, había cuestionado las propuestas de reducir un 40 % los servicios públicos, cerrar, fusionar o privatizar hasta 136 organismos y avanzar con medidas que podrían afectar a 700.000 trabajadores. Ahora, el CNU sostiene que el proyecto elimina más de 700.000 empleos de planta en más de un centenar de entidades y alerta sobre sus consecuencias para la atención de las comunidades.
El pronunciamiento también cuestiona modificaciones vinculadas con el sistema de salud y el subsidio familiar. En particular, rechaza la propuesta mencionada en el artículo 22 de destinar entre el 1 % y el 4 % de esos recursos a cubrir problemas financieros de las EPS, y advierte que se pretenden modificar cotizaciones de salud de empleadores y trabajadores independientes sin pasar por la Comisión de Concertación.
«El saneamiento financiero del sistema exige un esfuerzo equitativo, proporcional a la capacidad contributiva de cada sector, y no puede recaer principalmente sobre quienes viven de su trabajo», plantea el documento. Las centrales también reclaman que las decisiones sobre pensiones y financiación de la salud no queden subordinadas a criterios fiscales sin evaluar sus consecuencias sociales.
Frente al proyecto, el CNU pidió al Congreso rechazar la iniciativa y propuso alternativas como combatir la evasión y la elusión fiscal, revisar beneficios tributarios injustificados y aumentar el aporte de los sectores con mayor capacidad económica. Además, reclamó proteger la carrera administrativa, los derechos adquiridos y la estabilidad de los trabajadores estatales. El pronunciamiento también menciona a las víctimas del terremoto y a las comunidades afectadas, que, según las centrales, necesitan recursos y asistencia concreta. Como parte de su rechazo a la iniciativa, convocó a movilizarse el 19 de noviembre bajo la consigna «Contra el 19 % del IVA vamos unidos al Paro Nacional».
