Las centrales sindicales CUT y CGT, junto con las confederaciones de pensionados agrupadas en el Comando Nacional Unitario (CNU), rechazaron ocho proyectos de decreto impulsados por el Ministerio del Trabajo de Colombia. En un comunicado fechado el 20 de octubre en Bogotá, sostienen que las iniciativas modificarían o eliminarían disposiciones reglamentarias vinculadas con la reforma laboral de 2025 y otras garantías de protección. El Gobierno, según las organizaciones, pretende justificar los cambios mediante una revisión administrativa de las normas vigentes.
Entre las medidas cuestionadas figuran la eliminación de reglas sobre tercerización e intermediación laboral, el control de pactos colectivos y la protección frente al acoso sexual, la violencia de género y la discriminación. También advierten sobre cambios en las condiciones de inspección del trabajo doméstico remunerado y de periodistas y comunicadores.
Las centrales sostienen que algunas modificaciones reducirían herramientas de fiscalización y protección; el documento, sin embargo, no incorpora la respuesta del Ministerio ni el texto íntegro de cada proyecto para contrastar sus alcances.
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Otro de los puntos señalados es la seguridad social de los repartidores. Las organizaciones afirman que eliminar el piso de ingresos mínimos y la equivalencia de semanas cotizadas podría dificultar el acceso a una pensión y a otras prestaciones. También cuestionan una propuesta que, según el comunicado, modificaría las sanciones por despido de denunciantes de acoso sexual y limitaría las herramientas de inspección laboral. Estos efectos son advertencias de las centrales y requieren contrastarse con los textos normativos propuestos.
Las organizaciones argumentan que los decretos ya habían sido discutidos en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales y cuestionan que se reabran debates que consideran concluidos. «Reabrir estas discusiones para debilitar lo alcanzado constituye un acto antidemocrático», afirman en el documento. También reclaman que se respete el diálogo social tripartito y que no se reviertan garantías que consideran parte de los avances laborales recientes.
El pronunciamiento lleva las firmas de representantes de la CUT, CGT, CDP y CPC, y extiende el rechazo a la reforma pensional: cuestiona la postergación de su entrada en vigor y la solicitud gubernamental de ampliar hasta 2028 la vigencia de la reforma, por la incertidumbre que, según advierten, genera para millones de trabajadores y pensionados.
