Los trabajadores estatales de Haití enfrentan dificultades para acceder a la atención médica pese a los aportes que se descuentan mensualmente de sus salarios. La denuncia fue presentada por la Red Nacional de Docentes Progresistas de Haití (RENATEPH), que cuestionó el funcionamiento del seguro gestionado por la Oficina de Seguro contra Accidentes de Trabajo, Enfermedad y Maternidad (OFATMA) y reclamó al Gobierno que garantice la cobertura sanitaria.
En una carta abierta dirigida al ministro de Educación Nacional y de Formación Profesional, Vijonet Déméro, la organización sindical sostuvo que numerosos funcionarios deben pagar consultas, estudios y tratamientos con sus propios recursos. También señaló posibles retrasos en los pagos de la OFATMA a hospitales y clínicas, lo que podría llevar a los prestadores a exigir el pago directo a los pacientes. El programa de autoaseguro médico está gestionado por ese organismo desde 2014, según el comunicado.
Un hospital anunció restricciones para pacientes asegurados
Entre los casos mencionados por la red figura el del Hospital Adventista de Diquini, ubicado en la comuna de Carrefour. Según la organización, el establecimiento anunció que dejaría de recibir pacientes cubiertos por la OFATMA a partir del 19 de octubre de 2026. La situación expone el impacto que podrían tener los problemas de cobertura sobre los trabajadores y sus familias, aunque el comunicado no incluye una confirmación independiente del anuncio hospitalario ni una respuesta del centro de salud.
Según la información difuindida por la CLATE, algunos asegurados recibirían reembolsos parciales por consultas, mientras que otros deberían asumir directamente los costos de la atención. RENATEPH sostiene que esta situación agrava las dificultades económicas de los empleados públicos, cuyos ingresos ya están presionados por el costo de vida.
El espacio también propuso establecer un espacio permanente de diálogo entre las autoridades, la dirección de la OFATMA y las organizaciones sindicales del sector educativo, con participación de los ministerios competentes y de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos. “La salud de los funcionarios no es un favor. Es una exigencia de dignidad, justicia y responsabilidad pública”, afirmó la organización al cerrar su pronunciamiento.
